En medio de una crisis de agua que ha dejado a comunidades enteras sin servicio por meses y el nuevo anuncio de sequía, la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público señaló a la Junta de Control Fiscal (JCF) como responsable de la crisis administrativa de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) como respuesta ante la noticia de que la JCF impuso un nuevo recorte de $30 millones a la renovación y reemplazo de equipo de la agencia, partida con la que se sustituyen las bombas, los equipos y las líneas que hoy están fallando.
"En los pasados 10 años, la Junta ha suspendido y quitado millones en fondos locales a gran parte del programa de mejoras capitales de la AAA. La respuesta era que las inversiones provinieran de fondos federales de reconstrucción posdesastre. De igual forma, la Junta ordenó también aumentos en la factura, reducciones en la plantilla de empleados y promover proyectos de Alianzas Público-privadas. Ahora el país vive las consecuencias de esas malas decisiones.", sostuvo José Rivera Santana, planificador y portavoz de la Comisión Ciudadana.
La denuncia ocurre mientras la AAA confronta serios problemas para proveer el servicio de manera constante en la zona metropolitana, debido a múltiples averías en instalaciones y en el sistema de tuberías —incluyendo el propio Superacueducto— que han llevado a distintos sectores de la población a protestar tras largos días sin agua en sus residencias y negocios.
"Este recorte se certifica en el peor momento posible con los embalses bajando sus niveles cada día, con el Superacueducto averiado y con familias que llevan meses sin una gota de agua. El problema más grande es que mientras siguen quitando fondos para servicios esenciales tan importantes, hay dinero en el Fondo General para hacerle pagos extras anualmente de sobre 300 millones a los bonistas. En plena sequía, eso es un abuso contra este pueblo y por eso la Junta tiene que irse. La Junta nunca ha sido la solución a los problemas administrativos de Puerto Rico, solo los ha intensificado.", añadió por su parte la Lcda. Eva Prados Rodríguez, directora ejecutiva de la Comisión Ciudadana.
"La Junta sigue administrando los recursos del país en favor de los bonistas, todo para garantizar el repago de la deuda a un grupo de buitres. 10 años después vemos las consecuencias de sus medidas de austeridad. La prioridad deben ser las miles de familias que siguen sin agua y enfrentarán una sequía sin opciones. La prioridad de la Junta y el Gobierno deben ser los puertorriqueños y no los bonistas", concluyó Rivera Santana.
Comunicación: Edwin A. Ocasio y Wilmarilis Sánchez-Romeu, de IB Communication Consulting.