En momentos en que Puerto Rico enfrenta una sequía extrema y un racionamiento de agua que afecta a cientos de miles de abonados, organizaciones ambientales, comunitarias y profesionales exigieron a la Asamblea Legislativa descartar el proyecto que crea una nueva ley de permisos. Cuestionaron que el Gobierno coloque el tema entre sus prioridades mientras persisten las crisis de electricidad y agua.

Hernaliz Vázquez, directora de Sierra Club Puerto Rico, sostuvo que la medida abriría la puerta a mega construcciones que consumirían agua en medio del racionamiento. Señaló que la propuesta responde a una agenda articulada desde el Ejecutivo con sectores de la construcción, el desarrollo inmobiliario y la inversión privada.

Vázquez recordó que el grupo de trabajo creado por la gobernadora integró a funcionarios del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos junto a representantes del sector privado, y planteó un papel más prominente para ese sector en la evaluación y adjudicación de permisos.

La líder ambiental indicó que la propuesta otorgaría al DDEC mayor poder sobre los permisos y la fiscalización de proyectos que la propia agencia ayuda a atraer. También advirtió que, aunque el Gobierno utiliza al pequeño comerciante como justificación, la estructura de la reforma favorecería principalmente a grandes desarrolladores e inversionistas mediante mayor rapidez, ampliación de certificaciones privadas y reducción de controles preventivos.

El abogado ambiental Pedro Sadeé sostuvo que la medida amenaza el acceso y disfrute de playas y áreas costeras, incrementaría la desigualdad, agravaría la crisis del agua y reduciría protecciones de áreas verdes, especies y recursos arqueológicos e históricos.

Sadeé advirtió además que concentrar amplios poderes sobre terrenos y asuntos ambientales en el DDEC podría agravar la corrupción. Explicó que la propuesta coloca el derecho propietario, la viabilidad económica del terreno y la certeza del inversionista por encima de la planificación territorial, la protección ambiental y la participación pública.

Las organizaciones alertaron que la reforma reduce evaluaciones preventivas, amplía procesos ministeriales y certificaciones privadas, y desplaza parte de la intervención gubernamental hacia la fiscalización posterior, aun cuando las agencias carecen de personal, recursos y capacidad técnica suficiente.

La arqueóloga Mariela Declet explicó que la reforma elimina el Consejo para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre, coloca determinaciones finales relacionadas con permisos bajo la Oficina Central de Permisos, reduce el papel del Instituto de Cultura Puertorriqueña y permite que en algunos casos la intervención especializada ocurra después de comenzada una excavación.

Declet afirmó que el problema central del sistema de permisos no es la legislación de protección arqueológica, sino la falta crónica de personal en el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Reclamó devolver a las agencias los recursos necesarios para evaluar proyectos y permisos sin debilitar las protecciones existentes.

Jesús Danilo Chinea Rivera, profesor retirado del Departamento de Biología de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, cuestionó que una reforma de cientos de páginas se apruebe aceleradamente sin análisis científico e interdisciplinario. Recalcó que bosques, humedales, ríos, acuíferos, cuencas hidrográficas y terrenos kársticos funcionan como sistemas interconectados.

Chinea Rivera sostuvo que las decisiones sobre permisos no deben descansar exclusivamente en mapas y geodatos oficiales, y pidió que las determinaciones de las agencias científicas sean previas y vinculantes cuando un proyecto pueda afectar el agua, los bosques, los humedales o el karso. También reclamó divulgar el texto final y permitir su evaluación científica antes de cualquier votación.

Comunicación: Edwin A. Ocasio y Wilmarilis Sánchez-Romeu, de IB Communication Consulting.