Organizaciones de la sociedad civil presentaron el análisis La Década Perdida: la verdadera cara de la Junta en Puerto Rico, que concluye que, tras diez años de improvisación y errores, la Junta de Control Fiscal deterioró las finanzas públicas y la calidad de vida del país sin atender las raíces de la crisis.

El documento sostiene que la austeridad impuesta sin medir su impacto, la mayor dependencia de fondos federales, las privatizaciones y el encarecimiento de los servicios sirvieron para lograr acuerdos con los bonistas que considera impagables y que comprometen a Puerto Rico por décadas.

El análisis es una colaboración entre la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público, la Liga de Ciudades, Sembrando Sentido y Right to Democracy. Responde a la narrativa de éxito con la que la Junta presenta su gestión en la reestructuración de la deuda, la administración pública y la gobernanza.

Eva Prados Rodríguez sostuvo que los cálculos sobre el recorte de la deuda omiten miles de millones en pagos en efectivo y bonificaciones adicionales a bonistas. Indicó que los acuerdos incluyeron $10,000 millones en pagos en efectivo y pagos extra anuales que, según el informe, superan $1,500 millones.

El informe resume la estrategia de la Junta en medidas de austeridad, una dependencia creciente de fondos federales y reformas estructurales que supuestamente facilitan el crecimiento económico. Según el análisis, esas políticas deterioraron las condiciones de vida y dejaron intacto el modelo económico y político que provocó el estancamiento.

Las organizaciones plantean que la recuperación económica se sostuvo por la entrada extraordinaria de fondos federales. Alegan que la Junta utilizó esa coyuntura para pactar mayores pagos de deuda y diseñar instrumentos de valor contingente que permiten pagos adicionales a acreedores cuando aumentan los recaudos del impuesto sobre ventas y uso.

Cristina M. Miranda Palacios señaló que los planes fiscales certificados entre 2017 y 2024 transformaron el financiamiento municipal y eliminaron progresivamente el Fondo de Equiparación sin establecer una alternativa capaz de compensar esos recursos.

El documento advierte que la contratación pública y la privatización se consolidaron como mecanismos centrales de reforma gubernamental sin corregir primero las deficiencias institucionales del Estado, aumentando riesgos de ineficiencia, captura de recursos, falta de competencia y debilitamiento de la capacidad pública.

Issel Masses afirmó que menos del 1% de los contratos sometidos a evaluación han sido rechazados y que se aprobaron contratos pese a deficiencias identificadas por la propia Junta en los procesos de contratación.

Adi Martínez Román sostuvo que el poder de la Junta para anular legislación profundiza el marco colonial y quebranta principios democráticos. Advirtió que el marco legal de PROMESA podría implementarse en otros territorios estadounidenses.

El análisis completo está disponible en la sección de informes de comisionauditoriapr.org.

Comunicación: Edwin A. Ocasio y Wilmarilis Sánchez-Romeu, de IB Communication Consulting.